El negocio del ladrillo en España funciona como una estafa piramidal que desintegra las condiciones de vida a lo ancho y largo del Estado. Sevilla es una de las ciudades que más la sufre. 

– La inflación en el coste de la vida devora la subida salarial. En nuestra provincia, el coste de la vida ha aumentado un 7,2% en el último año, mientras que los salarios han crecido apenas un 2,3% de media, lo que implica una pérdida real de poder adquisitivo para la clase trabajadora.

– La dificultad de la juventud para independizarse y acceder a un hogar, y por ende, a un proyecto vital. El 53% de los demandantes de vivienda protegida o VPO en Sevilla son jóvenes, muchos de los cuales no pueden asumir los costes de un alquiler sin el apoyo familiar.

– Los precios de la vivienda se acercan a los niveles de la burbuja inmobiliaria de 2008. En noviembre de 2024, pagar el alquiler en solitario suena a una broma delirante. El alquiler medio en Sevilla ya supera los 900 €, mientras que el sueldo medio no alcanza los 1.400 € netos mensuales. A esto se suman los frecuentes desfases por parte de los propietarios: 

• Subidas abusivas del alquiler → Sin previo aviso o por encima de lo permitido.
• Retenciones injustificadas de la fianza → Se niegan a devolver la fianza sin justificación válida, alegando desperfectos inexistentes.
• Desahucios exprés → Procedimientos rápidos de desahucio por impago de alquiler, sin dar margen de negociación a la persona inquilina.
• La mala costumbre de muchos propietarios de eludir su obligación de reparar problemas estructurales, eléctricos o de fontanería.
• Las prohibiciones arbitrarias → Cláusulas que impiden tener mascotas, realizar mejoras en la vivienda o subarrendar habitaciones.
• La imposición de cargas sobre los arrendatarios → Un chantaje que se traduce en el pago de impuestos (IBI), seguros del hogar o tasas comunitarias que deberían recaer en el propietario.

– Si pagar un alquiler en solitario suena a broma, asumir el coste de una hipoteca en solitario es prácticamente una utopía. En Sevilla, una persona con el salario medio tardaría entre 25 y 30 años en pagar su hipoteca en solitario, siempre que pudiera destinar casi la mitad de su sueldo a ello, lo cual resulta insostenible en la práctica. Las unidades familiares necesitan, de media, 6 años de salario bruto para poder adquirir una vivienda de 80 m². Por no hablar de las cláusulas abusivas que se esconden en las hipotecas:

• Intereses de demora desorbitados → Se establecen penalizaciones excesivas en caso de impago, superando los límites legalmente permitidos.
• Vinculación obligatoria a otros productos → Exigen contratar seguros, planes de pensiones o tarjetas con la misma entidad para conceder la hipoteca.
• Gastos hipotecarios trasladados al consumidor → Se imponen costos como notaría, registro y gestoría al cliente, en lugar de asumirlos las entidades financieras.
• Vencimiento anticipado abusivo → Permite al banco ejecutar la hipoteca con unos pocos impagos, sin ofrecer la opción de refinanciación.
• Intereses variables con índices poco transparentes → Se aplican referencias ajenas al Euríbor, lo que termina encareciendo el préstamo.
• Dificultades para la amortización anticipada → Penalizaciones económicas elevadas si el cliente decide pagar antes de tiempo.
• Cláusula suelo encubierta aún vigente → Aunque, en teoría, estas cláusulas han sido eliminadas, algunas entidades siguen aplicando mínimos de interés disfrazados en otros conceptos.

– La turistificación, la gentrificación y los excesos especulativos expulsan a comunidades vecinales enteras de sus barrios. Distintos estudios demuestran que los pisos turísticos son responsables de, al menos, un 33% del aumento del precio del alquiler en Sevilla. Esta situación se ve agravada por la proliferación de pisos turísticos ilegales que se alquilan sin cumplir con la normativa vigente. Entre estos, se encuentran los pisos alquilados sin licencia, aquellos que no cumplen con los requisitos de seguridad, accesibilidad o condiciones mínimas de habitabilidad, los que se alquilan sin autorización en edificios donde el uso turístico está prohibido, y los que evaden impuestos. Se estima que en Sevilla existen aproximadamente 5.000 pisos turísticos ilegales, que se suman a los 10.000 registrados oficialmente.

– Existen entre 20.000 y 25.000 viviendas vacías en manos de fondos buitres e inmobiliarias, cuya única función es especular y aumentar los precios del mercado. Mientras tanto, más de 18.000 personas están inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida sin acceso a una opción asequible.

– Las VPO han abandonado su función social. Si bien se trata de viviendas protegidas cuyos precios están regulados para ser inferiores a los del mercado, los precios de algunas promociones son demasiado elevados en comparación con los ingresos medios de la población sevillana.

Además, la limitada oferta de viviendas protegidas frente a la alta demanda contribuye a la sensación de inaccesibilidad para una parte significativa de la población. En los últimos 5 años, Sevilla sólo ha construido 2.424 viviendas protegidas, y en una reciente convocatoria para adjudicar 137 viviendas, se recibieron 9.191 solicitudes válidas, lo que implica que por cada vivienda ofertada hubo aproximadamente 67 solicitantes.

Conclusión

La crisis de la vivienda en Sevilla no es un fenómeno aislado ni una simple consecuencia de la oferta y la demanda, sino una manifestación clara de las contradicciones inherentes a un sistema que ya no hace progresar a la especie humana. La cuestión de la vivienda no es un problema técnico ni de escasez de recursos, es un problema de clases sociales. En un sistema basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la búsqueda incesante de rentabilidad, la vivienda no se construye para satisfacer una necesidad social, sino para generar beneficios a los propietarios y especuladores.

En Sevilla, esta lógica se expresa de manera evidente. La turistificación y la gentrificación, que despojan a comunidades enteras de sus barrios, no son más que mecanismos de acumulación de capital en el sector inmobiliario. Los fondos buitres y las SOCIMIs acaparan viviendas para restringir su acceso y elevar artificialmente los precios, mientras miles de personas no pueden permitirse un alquiler digno ni una hipoteca que no hipoteque, a su vez, su futuro. La solución burguesa a este problema consiste en desplazar la miseria de un sitio a otro. Por eso se convierten barrios obreros en enclaves de lujo o en áreas dedicadas exclusivamente al turismo, obligando a la clase trabajadora a desplazarse cada vez más lejos del centro urbano.

Mientras la burguesía inmobiliaria impone contratos abusivos, subidas de precios especulativas y desahucios exprés, la clase trabajadora ve cómo su capacidad de organizarse y resistir se debilita ante un mercado dominado por la ley del valor y la búsqueda de rentabilidad absoluta. Bajo este sistema depredador, cualquier intento de resolver el problema de la vivienda sin una transformación estructural terminará beneficiando a los especuladores. En este sentido, las políticas de vivienda protegida, aunque en apariencia sean progresistas, han demostrado ser insuficientes, tanto por su escasez como por su integración dentro del mismo mercado especulativo que dicen combatir.

El problema de la vivienda no se resolverá con políticas reformistas que busquen mitigar sus efectos sin alterar la lógica del sistema. La única solución real pasa por la organización de la clase trabajadora, la expropiación de la vivienda en manos de fondos especulativos y la planificación social de la vivienda en función de las necesidades del pueblo, y no de los beneficios del capital. La emancipación de la clase trabajadora solo será posible cuando esta se organice políticamente para derribar las estructuras que la oprimen.