En el anterior artículo vimos con datos las problemáticas de la vivienda en Sevilla. Ha llegado la hora de ponerles nombres y apellidos a los culpables. 

FONDOS DE INVERSIÓN

Blackstone

Este fondo estadounidense ha adquirido una cantidad significativa de activos inmobiliarios en España, consolidándose como uno de los mayores propietarios de viviendas en alquiler en Sevilla. Esta concentración de activos le ha permitido al fondo influir en el mercado, incrementando los precios de los alquileres y dificultando el acceso a viviendas asequibles para la clase trabajadora.

Su estrategia consiste en adquirir edificios completos para, a pesar de la alta demanda de vivienda en Sevilla, mantener un número significativo de propiedades vacías, aumentando así el valor de sus activos. Proyectan la falsa imagen de que hay escasez de viviendas; si hay escasez, los precios se incrementan, pero la realidad es que lo único que escasean son los escrúpulos.

Tras adquirir estos bloques enteros, proceden a no renovar los contratos de alquiler o a incrementar las rentas de manera desproporcionada. Una práctica que desemboca en desahucios y en la expulsión de inquilinos que llevaban años residiendo en sus hogares. Muchas de las propiedades de Blackstone son convertidas en pisos turísticos, alterando la dinámica de barrios tradicionales, contribuyendo a la gentrificación y desterrando a comunidades vecinales de sus barrios.

Cerberus

Cerberus es otro de los fondos norteamericanos que ha incrementado su presencia en el mercado inmobiliario sevillano, adquiriendo activos procedentes de entidades bancarias y gestionando propiedades con fines de rentabilidad. Uno de sus casos más sonados fue el de los desahucios de San Juan de Aznalfarache en 2020. Estas viviendas, que eran originalmente propiedad de entidades bancarias como BBVA, fueron vendidas a fondos de inversión, entre ellos Divarian, una empresa conjunta formada por el mismo BBVA y el fondo buitre Cerberus. Esta transacción dejó entre 400 y 500 familias en riesgo de perder sus hogares en un momento en el que la pandemia del COVID-19 se extendía por todo el país. Familias que previamente ya habían estado negociando alquileres sociales debido a dificultades económicas, para luego verse amenazadas con el desalojo sin una alternativa habitacional. Este fue el caso de Lioba Sánchez, madre de dos hijos, uno de ellos con trastorno del espectro autista. Tras la venta de su vivienda a Divarian, la familia recibió una orden de desahucio sin que se le proporcionara una solución alternativa. 

ENTIDADES BANCARIAS

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

BBVA ha estado involucrado en diversos casos en Sevilla relacionados con desahucios, la aplicación de cláusulas hipotecarias abusivas y la venta de propiedades a precios que parecen asequibles, pero que requieren reformas significativas, incrementando su costo real. Además del caso ya mencionado de San Juan, donde queda en evidencia la implicación del banco en la especulación de las viviendas en la localidad, su escándalo más reciente en nuestra ciudad tuvo lugar hace apenas unos meses. En septiembre de 2024, BBVA lanzó una campaña publicitaria destacando la venta de chalets en Sevilla a precios que comenzaban desde 34.000 €. Esta oferta generó un gran interés debido al atractivo precio en comparación con el mercado inmobiliario local. Los precios eran bajos, pero los inmuebles estaban en condiciones lamentables y requerían grandes inversiones adicionales para hacerlos habitables. Desperfectos que eran ocultados por parte del banco con la clara intención de estafar a sus clientes. Un caso que puso de manifiesto la importancia de la transparencia en las ofertas inmobiliarias y generó debates sobre las prácticas de venta de las entidades bancarias en relación con propiedades que requieren rehabilitación.

Banco Santander

A través de su filial LandCo, el Banco Santander ha colaborado con fondos de inversión para desarrollar proyectos residenciales en Sevilla. El patrocinador de la Liga es conocido por la inclusión de «cláusulas suelo» (cláusulas que limitaban la reducción del tipo de interés, impidiendo a sus clientes beneficiarse de las bajadas del Euríbor) y la aplicación del «Índice de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH)» en sus contratos hipotecarios. Un índice que es considerado menos transparente y considerablemente más elevado que el Euríbor, exhibiendo un evidente carácter abusivo, hasta el punto de que distintas sentencias judiciales han declarado la nulidad de la cláusula IRPH en hipotecas del Santander, obligando a la entidad a recalcular los intereses y devolver las cantidades cobradas en exceso en algunos casos.

En 2019, el banco informó tener una exposición de 4.300 millones de euros en hipotecas referenciadas al IRPH, una cantidad que generó ingresos adicionales para la entidad a costa de sus clientes afectados. A pesar de las dificultades para determinar el beneficio medio exacto del Santander (debido a la falta de transparencia y la variabilidad en las condiciones contractuales) a través de estas cláusulas, se estima que los afectados y afectadas por el IRPH podrían haber pagado entre 18.000 y 21.000 euros más en comparación con una hipoteca referenciada al Euríbor.

Recientemente, dos de los innumerables escándalos del Banco Santander han salpicado su imagen al saltar a los medios. Estos casos no ocurrieron en Sevilla, pero ilustran las prácticas sin escrúpulos de la entidad:

• En diciembre de 2023, se abandonó a su suerte a una familia que había solicitado una carencia de 5 años para regularizar su situación. El banco no respondió, hizo oídos sordos y procedió con los trámites para subastar la vivienda. 
• En 2024, tuvo lugar el desahucio de Rosa, una mujer víctima de violencia de género que, en estado convaleciente tras una operación, llevaba alquilando un piso del banco desde hacía 7 años. Su condición de vulnerabilidad no impidió que las ambiciones avariciosas de la entidad la desalojaran. A pesar de las negociaciones y del apoyo de plataformas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el desahucio se ejecutó.

CaixaBank

Desde 2020, CaixaBank ha sido el banco líder en desahucios y cláusulas hipotecarias consideradas abusivas en Sevilla. Algunos de los incidentes más destacados son:

Desahucio en Mairena del Aljarafe (2020)

En octubre de 2020, la Audiencia de Sevilla ratificó una sentencia que ordenaba el desalojo de una familia en Mairena del Aljarafe, un proceso que tuvo lugar en plena crisis económica y sanitaria provocada por el COVID-19. La familia había solicitado una solución a la entidad bancaria debido a su incapacidad para afrontar los pagos de la hipoteca a causa de la drástica caída de ingresos, ya que trabajaban en el sector de la hostelería (reducción de horas, pérdida de empleo, etc.). No podían pagar la estancia en el piso, pero tampoco querían poner en riesgo su salud en la pandemia más agresiva de todo el siglo XXI. Así que llegaron a un acuerdo verbal con la entidad bancaria, por el cual se les permitiría permanecer en la vivienda hasta que encontraran una alternativa habitacional.

Sin embargo, CaixaBank incumplió el acuerdo. Reclamó la vivienda y solicitó el desalojo, alegando ocupación sin título legal por parte de sus habitantes. La familia defendió que existía un acuerdo verbal, pero el tribunal desestimó este argumento y autorizó el desahucio.

A pesar de que, durante el confinamiento, el gobierno estableció una moratoria en los desahucios para evitar que las familias en situación de vulnerabilidad, y aquellas unidades familiares con menores (como la de Mairena), quedaran en la calle en plena crisis sanitaria, muchos desahucios continuaron realizándose.

Desahucio en Utrera (2021):

En julio de 2021, el Tribunal Supremo declaró firme una sentencia de la Audiencia de Sevilla que ordenaba el desahucio por precario de una mujer de tercera edad que vivía con su hija y su nieta en clara situación de vulnerabilidad. La mujer llevaba viviendo allí más de 30 años, pero debido a una deuda hipotecaria, especialmente agravada por la pandemia, fue desahuciada por CaixaBank sin ningún reparo.

Desahucios en 2024

En 2024, destacó el caso de María Jesús y sus tres hijos menores de edad en Mairena del Aljarafe, ocurrido en marzo de ese mismo año. También se dio a conocer el desahucio de agosto, en plena ola de calor, cuando la Audiencia de Sevilla confirmó una sentencia que ordenaba a cuatro personas abandonar una vivienda en San Juan de Aznalfarache. Estos casos fueron ejemplos que saltaron a la esfera mediática, pero reflejan una serie de prácticas que afectan a cientos y miles de personas en nuestra provincia y fuera de ella. A pesar de la falta de datos oficiales, sabemos que durante el tercer trimestre de 2024 se registraron 264 procedimientos de desahucio en la provincia de Sevilla y cerca de 1.000 en toda Andalucía.

Respecto a las cláusulas hipotecarias abusivas, en noviembre de 2023 una sentencia condenó a CaixaBank a devolver 22.400 € debido a la aplicación de una cláusula suelo considerada abusiva. Más recientemente, en marzo de 2024, el Juzgado de Primera Instancia nº 10 bis de Sevilla declaró abusiva la cláusula de gastos en una hipoteca del mismo banco, condenando a la entidad a devolver 1.226,50 € al cliente. Pero que no quede duda: un banco es una empresa y busca el máximo beneficio. Aunque estos casos hayan terminado en sanciones, si se sigue incluyendo cláusulas de este tipo es porque les sale rentable, y en la mayoría de los casos salen ganando a costa de los trabajadores y trabajadoras que carecen de los recursos para tener conocimiento sobre estas artimañas.

PROMOTORAS INMOBILIARIAS Y SOCIMIS

Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB)

Creada para gestionar activos tóxicos tras la crisis financiera, la SAREB es una entidad de propiedad mayoritariamente pública, pero funciona como una empresa privada. Esto le ha llevado a estar involucrada en diversas controversias relacionadas con la vivienda en Sevilla. Algunos de los incidentes más destacados en los últimos 5 años son:

• La venta de viviendas protegidas → En enero de 2025, la Fundación Civio presentó un recurso ante la Audiencia Nacional contra la SAREB solicitando información sobre la venta de 9.440 VPO desde su creación en 2012. La SAREB ha negado el acceso a estos datos, argumentando que su divulgación podría perjudicar sus intereses económicos y comerciales. Un argumento peculiar, dado que se trata de una entidad con participación pública mayoritaria desde 2022, y por ende, esta información debería ser pública, especialmente cuando se trata de la venta de viviendas financiadas con dinero público y sujetas al control administrativo.
• Ser una entidad gestionada, en cubierto, por fondos de inversión → En abril de 2022, se oficializó que la gestión de una parte significativa de los activos de la SAREB sería asumida por fondos de inversión como Blackstone e Hipoges. Estos fondos, conocidos por sus prácticas especulativas y denuncias de acoso inmobiliario, se encargaron de comercializar inmuebles, suelos y préstamos de la SAREB.
• En mayo de 2022, el colectivo Plan SAREB, que agrupa a más de 300 familias afectadas por las políticas del «banco malo», presentó una denuncia ante la Fiscalía Europea por desahucios y procesos judiciales contra activistas. En la denuncia, se solicitaba investigar posibles delitos de fraude, apropiación indebida, estafa y administración desleal en la gestión del patrimonio inmobiliario de la SAREB.

La SAREB ha demostrado ser una herramienta de los grandes tenedores para meter sus garras en lo público. Hay muchas más promotoras y SOCIMIs estafando al pueblo, no solo en Sevilla (aunque nos ciñamos al territorio de nuestra provincia para estos casos), sino a los largo y ancho del Estado. Estas son Hispania, Colonial, Azurain Inmobiliaria, entre otras.

GOBIERNOS, ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y PODER JUDICIAL

La Constitución Española (CE) de 1978 aborda el derecho a la vivienda en su artículo 47, que establece el derecho de los ciudadanos a acceder a una vivienda digna y adecuada, el deber de los poderes públicos de promover las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y el compromiso de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para evitar tanto el enriquecimiento injusto como la especulación inmobiliaria. Esto implica que el Estado tiene la obligación de controlar el mercado de la tierra para evitar que se convierta en un bien especulativo que solo beneficia a unos pocos, a costa de los intereses de la mayoría.

Sin embargo, diversas leyes (o al menos su aplicación) han contribuido a que este derecho no se haga efectivo de manera plena, resistiéndose a regular adecuadamente el suelo y permitiendo los desajustes más esperpénticos de la especulación inmobiliaria.

Ningún análisis serio sobre la problemática de la vivienda puede dejar a los gobiernos indemnes; es necesario señalarles con el dedo. La implementación de políticas públicas que buscan mejorar el acceso a la vivienda (subsidios, programas de vivienda social, etc.) son útiles para aliviar los problemas inmediatos de la clase trabajadora, pero no van más allá de ser pequeñas reformas, sin llegar a curar la enfermedad. Es más, la mayoría de las políticas habitacionales desarrolladas se orientan a satisfacer, a largo plazo, los intereses de los grandes desarrolladores, constructores y bancos, que buscan maximizar sus beneficios a través de la especulación inmobiliaria y la concentración de la propiedad. En lugar de transformar la vivienda en un derecho fundamental efectivo, perpetúan su condición de mercancía. Dejan en evidencia que, en última instancia, no son más que centros de gestión de los intereses de estos actores. Los propietarios de grandes cantidades de bienes raíces pueden aumentar su riqueza, mientras que los inquilinos e inquilinas se ven atrapados en ciclos de alquiler caros y precarios.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (EMVISESA)

EMVISESA es una empresa pública creada por el Ayuntamiento de Sevilla para gestionar la construcción y gestión de viviendas en la ciudad, y es un claro ejemplo de ello. Aunque su misión se centra en promover el acceso a la vivienda, especialmente para las personas con menos recursos, el desempeño de la empresa en este ámbito es muy cuestionable.

Para empezar, la oferta de viviendas de alquiler a precios accesibles para las personas más vulnerables es muy limitada. La creación de VPO no es suficiente para cubrir la creciente demanda. Prueba de ello fue la promoción del 12 de febrero de 2025, en la que se adjudicaron 137 VPO en el complejo residencial Puerta de la Carne, en Palmas Altas, que registraron un total de 9.191 solicitudes válidas. Esta campaña ejemplifica otra de las malas prácticas recurrentes de EMVISESA y el Ayuntamiento de Sevilla: la tendencia a priorizar a grupos menos necesitados o proyectos que no abordan las verdaderas demandas de quienes más requieren una vivienda digna, siendo incapaces de garantizar una política de acceso real y efectivo a la vivienda para la juventud, las personas con discapacidad o las familias monoparentales. Estos proyectos son, en la práctica, una forma de gentrificación disfrazada de solución habitacional, que acaba desplazando a la clase trabajadora, como ocurrió con los proyectos del Complejo Residencial «El Olivar», la urbanización del barrio de San Jerónimo, o la rehabilitación de la zona de La Macarena y la Alameda de Hércules. Todos ellos imponían condiciones inasumibles para las familias trabajadoras.

A esto se le añade que los procesos para acceder a viviendas públicas suelen ser largos, complicados y frustrantes. La gestión está caracterizada por la lentitud y la burocracia en la tramitación de expedientes, la falta de transparencia en la gestión de recursos y la opacidad en los criterios aplicados en la adjudicación de las viviendas. Hasta el punto de que no pocas personas encuentran que el factor diferencial en la adjudicación radica en vínculos políticos, conexiones con la administración o con poderosas empresas privadas que dan preferencia en la asignación de viviendas. Y los problemas burocráticos no acaban en la concesión de la vivienda. Muchos residentes denuncian humedades en las paredes, urinarios desanclados, tuberías rotas y goteras que han dañado muebles nuevos, filtraciones de agua que inundan patios y viviendas, balcones inacabados y cambios en el diseño original sin previo aviso, entre otros problemas.

EMVISESA tampoco ha dudado en externalizar o privatizar ciertos servicios y procesos. En junio de 2023, incorporó los servicios de mediación e intervención de la Asociación Ponte, una entidad privada, para la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV). Esta colaboración externa está centrada en la mediación e intervención en comunidades vecinales, con el objetivo de mejorar la atención a las familias en riesgo de desahucio. La dependencia de entidades privadas, cuya misión es conseguir el máximo beneficio posible, es incompatible con la misión pública de EMVISESA, y más cuando empresas como Blackstone y Cerberus terminan adquiriendo viviendas públicas que antes eran administradas por la propia EMVISESA.

La externalización y subcontratación se presentan como una solución para reducir costos a corto plazo, pero es un lobo con piel de cordero, una estrategia de unos pocos para hacerse con empresas y servicios levantados con el esfuerzo de toda la ciudadanía. Esta práctica se traduce en grandes costos para la ciudadanía y el Estado, que acaban perdiendo el control sobre un servicio que originalmente buscaba satisfacer necesidades básicas. Lo hemos visto con Endesa, Iberdrola, Gas Natural, entre otras. Las privatizaciones en España han tenido un impacto devastador para la clase trabajadora, ya que no solo han aumentado los costos de servicios esenciales, sino que todas ellas desembocan en la disminución de la calidad en pro del abaratamiento de los costes, la precarización laboral de los trabajadores y trabajadoras, la desconexión entre el servicio y las necesidades locales, la falta de transparencia y control, y la pérdida de la responsabilidad pública.

Empresas de desocupación

Según los escasos datos oficiales disponibles sobre desahucios en 2024, se registraron 7.850 desahucios en España (estos datos solo abarcan hasta el segundo trimestre de 2024). Entre 2020 y 2023 se contabilizaron unos 104.370 desahucios, de los cuales aproximadamente el 74,1% (19.676) fueron por impago del alquiler y el 19,7% (5.260) se debieron a ejecuciones hipotecarias.

En los últimos años, han proliferado empresas de desalojo como «Desokupas», que intervienen sustituyendo a la policía sin la debida autorización judicial y con la complicidad de jueces, tribunales y administraciones públicas que toleran e incluso favorecen el uso de prácticas privadas para resolver situaciones que deberían ser gestionadas conforme a la ley.

En agosto de 2023, la empresa de desalojo “Brigada Desokupa” intentó desalojar ilegalmente a Amparo Espino, una mujer de 67 años residente en Vallecas, enferma de cáncer de mama y con depresión. Ella había firmado un documento 20 días antes, cuando se encontraba sola, en el que accedía a entregar las llaves de la vivienda a cambio de que el propietario (el Banco Santander) la dejara en paz. Sin embargo, dicho documento carecía de validez legal, ya que no contaba con la presencia de un abogado ni había sido ratificado ante notario.

Sin orden judicial, unos 10 hombres irrumpieron en su domicilio acompañados por la Policía Nacional. Durante la intervención, se registraron gritos, amenazas y el uso de chalecos antibalas. Tras el intento de desalojo, Amparo Espino denunció a Brigada Desokupa y presentó una queja por la inacción de los agentes de la Policía Nacional presentes durante el incidente. La policía inició una investigación sobre el intento de desalojo ilegal.

Así es como operan estos grupos, sin supervisión, aprovechando vacíos legales para recurrir a prácticas violentas, intimidatorias o ilegales que fuerzan el desalojo, violando directamente el principio de seguridad jurídica, el derecho a la defensa, el derecho a la vivienda y la presunción de inocencia. Una contradicción que pone en entredicho la credibilidad y eficacia de las instituciones públicas, especialmente cuando se ha hecho público que «Desokupa» firmó en 2024 un convenio con un sindicato de la Policía Nacional.

El caso de los 18 de la Macarena 

Pero esta no es la única forma en que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la justicia colaboran contra la clase trabajadora. En febrero de 2018, un grupo de activistas y personas en situación de vulnerabilidad ocuparon un edificio completamente vacío en el barrio sevillano de la Macarena con el objetivo de crear un espacio habitacional para personas sin hogar y hacer frente a la crisis habitacional que afecta a tantas personas en Sevilla. La idea era transformar las viviendas vacías en espacios habitables para aquellos que no podían acceder a un hogar debido a los altos precios del alquiler.

La ocupación fue desalojada por la policía, lo que resultó en la detención de seis personas y la identificación de otras doce. Un total de 18 personas fueron procesadas por varios delitos, principalmente usurpación violenta, es decir, la ocupación de una propiedad sin permiso. Además, algunos enfrentaron acusaciones de lesiones y atentados a agentes de la autoridad debido a los incidentes ocurridos durante el desalojo. En 2025, estos 18 activistas se enfrentan a un total de 77 años de prisión, con penas que oscilan entre tres años y medio y cinco años y medio de cárcel. Las escandalosas cifras que se intentan imputar generaron un despertar de la empatía de los trabajadores y trabajadoras del barrio, que los apodaron «los 18 de la Macarena».

Lo irónico de este caso es que la propiedad del edificio, que nadie estaba utilizando, pertenece a la empresa pública inmobiliaria de la Junta de Andalucía, la SAREB, que actúa como propietaria del inmueble a través de su titularidad sobre los bienes que anteriormente pertenecían a los bancos rescatados durante la crisis. Al ser una entidad pública vinculada al gobierno, tiene la responsabilidad de administrar estos activos, aunque en la práctica, muchos de ellos se mantienen vacíos durante años, a pesar de la situación de emergencia habitacional. Mientras hay miles de viviendas vacías gestionadas por entidades públicas, hay personas sin hogar que recurren a la ocupación para satisfacer sus necesidades básicas.